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  • Foto del escritorPatricio Silva-Riesco Ojeda

250 abogados pertenecientes a 50 estudios jurídicos conforman la Fundación Pro Bono, que presta servicios legales gratuitos a organizaciones sociales y personas de escasos recursos. El abogado Patricio Silva-Riesco del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, posee 20 años de experiencia en el Servicio de Impuestos Internos y conoce las consultas más recurrentes sobre el uso de las Leyes de Donaciones.

—¿Cuáles son las dificultades que se le presentan a las organizaciones que utilizan la ley de donaciones? El acceso al financiamiento de proyectos a través de donaciones con beneficios tributarios presenta muchas dificultades. Existe una legislación dispersa que aborda diferentes entidades beneficiarias de donaciones con amparo tributario, las cuales deben ser aprobadas por diferentes ministerios, servicios, comités, y funcionarios de todo el espectro público. Esto genera una burocracia dispersa y enmarañada que complica el acceso a los beneficios legales existentes.

Además, la ley excluye del acceso a beneficios tributarios a proyectos que son convenientes para el país, relacionados con asistencia profesional o iniciativas en medioambientales y salud.

—Para las empresas, ¿cuáles son los inconvenientes que deben sortear? —Las compañías no cuentan con la certeza de que las autorizaciones hagan viable las donaciones. Otro punto son los bajos límites que la ley establece para donaciones, porque si se exceden podría constituir un gasto rechazado gravado con el impuesto-sanción de un 35% sobre del monto en cuestión.

—Desde su experiencia, ¿qué solución propone? —Una opinión mayoritaria en los asesores es la necesidad de unificar el tratamiento tributario de las donaciones y sus beneficios en un sólo cuerpo legislativo, debido a que la actual es múltiple, difusa e inorgánica. El nuevo cuerpo legal debe ser producto de una discusión amplia que defina una política de Estado sobre las donaciones.

Asimismo, es necesario definir los roles y atribuciones especificas de los órganos gubernamentales involucrados en el otorgamiento de las franquicias. Se evitaría la discrecionalidad administrativa y promovería la unificación de la gestión del sistema en órganos públicos especializados. Creemos que se debe revisar la mantención de enclaves legislativos que confieren “tratamientos especiales” a ciertas instituciones públicas y privadas, discriminando a otras tanto o más eficientes.

Manual para fundaciones

Muchas fundaciones deben recurrir a asesoría de expertos tributarios para acceder a las actuales Leyes de Donaciones. Como la mayoría no cuentan con recursos para financiar consultorías, la Fundación Pro Bono y un equipo del estudio Philippi Yrarrazaval Pulido & Brunner está actualizando un manual práctico —y gratuito— de ayuda a las organizaciones sociales que explica las múltiples normativas vigentes



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